Hemos conseguido que la vigilancia tenga lista de deseos. Compramos pantallas, llenamos la casa de dispositivos conectados y aceptamos condiciones que no leemos. No basta con entregar datos: pagamos por el aparato y ponemos el wifi. Gran Hermano habría agradecido semejante ahorro.
La discreción viene en el contrato
Según Futurism, que recoge una investigación de The Washington Post, trabajadores de Google DeepMind en Londres denuncian que sus cláusulas contractuales de no desprestigio les disuaden de hablar públicamente sobre los posibles daños de la inteligencia artificial.
La empresa desarrolla máquinas capaces de responder a casi todo. Sus empleados, al parecer, tienen que pensárselo bastante más.
Hay un matiz relevante: SBS recoge la respuesta de Google, que afirma que no aplica esas restricciones a exempleados y que ha eliminado su alcance posterior al empleo en los contratos nuevos. Los trabajadores reclaman retirarlas también de los existentes. Entre «no lo aplicaremos» y «lo hemos borrado» cabe una confianza considerable. Y algún abogado.
Transparencia, pero de abajo arriba
Este caso trata de silencio contractual, no demuestra espionaje sobre los empleados. Pero encaja en una relación demasiado cómoda para quien manda: nosotros debemos resultar transparentes; la empresa se reserva las cortinas.
En casa, el control se vende como comodidad. En el trabajo, la vigilancia ya viene en nómina; y, según estas denuncias, la autocensura puede llegar en la letra pequeña. Todo muy innovador, salvo el reparto del poder.
No hace falta ejecutar una amenaza para que funcione. Basta con que quien sabe algo incómodo calcule cuánto puede costarle contarlo. Después podremos celebrar un debate público sobre la IA. Con las sillas de quienes la conocen convenientemente vacías.
Y nosotros, mientras tanto, renovando el dispositivo.
Si Orwell levantara la cabeza…