Fuentes de Reuters recogen que durante el verano al menos una docena de facultades de derecho de Estados Unidos revisaron o implementaron políticas sobre inteligencia artificial.
La Universidad de Georgia introdujo una «aula analógica» que prohíbe dispositivos y requiere al menos un curso de tecnología relacionada con la IA.
UC Berkeley publicó en mayo una política restrictiva que prohíbe usar IA para generar ideas o resumir normas legales en trabajos.
La Universidad de Chicago prohibió portátiles y móviles en las clases obligatorias de primer año.
Columbia permitió usos de IA para probar argumentos pero exige que los trabajos reflejen la creatividad intelectual del estudiante.
Michigan permite generar ideas e investigar con IA pero no redactar ni revisar.
Andrew Perlman (Suffolk) recopiló políticas y publicó en agosto una base de datos con información de 180 facultades; esa base indica que al menos 36 escuelas ofrecen formación obligatoria en IA.
Varios decanos y profesores citados (Usha Rodrigues, Colleen Chien, Bobby Chesney, Seth Chandler) señalaron razones pedagógicas y profesionales para las normas, y Reuters informa que casi todas las escuelas prohíben el uso de IA en exámenes presenciales o usan software que bloquea internet para evitarlo.
Existe una diferencia entre externalizar el razonamiento jurídico a la IA y utilizar la IA como una herramienta dentro de un flujo de trabajo jurídico, y la formación jurídica debería enseñar esa distinción en lugar de evitarla