El 20 de agosto de 2009 la policía imputó a Susan Neill‑Fraser por la desaparición y presunto asesinato de Bob Chappell, hallado ausente tras encontrarse la embarcación Four Winds con indicios de sabotaje.
Neill‑Fraser fue condenada y, tras recursos hasta el alto tribunal, obtuvo libertad condicional en 2022. En diciembre de 2024 la Junta de Libertad Condicional de Tasmania incluyó una prohibición de declarar la supuesta inocencia en medios, ampliada en mayo de 2025. El 15 de septiembre de 2026 el tribunal supremo de Tasmania comprobó que un documento del secretario de la junta, Ben Hancock, citaba decisiones judiciales inexistentes generadas por IA; tras ello se eliminó la condición que restringía su comunicación.
Neill‑Fraser, que cumple una pena de 23 años con mínimo de 13, mantuvo su inocencia y emprendió acciones legales; el fiscal general Guy Barnett pidió explicaciones a la junta.
Organizaciones como Human Rights Law Centre, representada por Sarah Schwartz, alertaron del riesgo de usar documentos generados por IA en decisiones que afectan libertades fundamentales.