En Cadena perpetua, Andy Dufresne necesitaba un martillo diminuto y una paciencia monumental para escapar de una injusticia. Frente a un algoritmo para clasificar presos, el problema empieza antes: averiguar dónde está la pared.
Michigan probará un sistema para clasificar presos según su riesgo de violencia. La administración promete mejorar sus predicciones aproximadamente un 30 %. Sobre cómo se ha calculado esa maravilla, la presentación pública resulta bastante menos generosa.
El preso pone su vida. El sistema presenta un porcentaje.
Lo que se sabe: clasificar presos en Michigan
El Departamento Correccional de Michigan prevé iniciar el 1 de diciembre de 2026 un piloto en determinadas prisiones masculinas. Ha desarrollado el nuevo sistema de clasificación con Recidiviz, una organización tecnológica sin ánimo de lucro. La herramienta incorporará datos actualizados para permitir revisiones continuas, según recoge WILX en su cobertura del anuncio.
El objetivo declarado es mejorar la asignación de niveles de seguridad y la predicción de violencia futura. Ese 30 % de mejora anunciada necesita conservar el apellido: predictiva. No significa un 30 % menos de agresiones, ni una garantía de acierto individual.
Y aquí una clasificación importa bastante más que las estrellas de un restaurante.
El nivel de seguridad condiciona la vigilancia, la movilidad y las actividades a las que puede acceder una persona encarcelada. Michigan utiliza cuatro niveles para su población penitenciaria general: I, II, IV y V, como explica WLNS al describir el piloto.
Una puntuación puede acabar convertida en una restricción muy tangible. Menos movimiento. Más control. Distintas oportunidades.
Por eso, mejorar la clasificación puede ser valioso. También por eso equivocarse exige algo más que una actualización de software.
Lo que no nos cuentan
Treinta por ciento. Suena preciso. Casi se oye la diapositiva pasando.
Pero ¿mejora respecto a qué? ¿Con cuántos expedientes? ¿Qué se considera violencia? ¿Cuántas personas serán señaladas como peligrosas sin llegar a serlo? ¿Quién podrá corregir una recomendación y cómo podrá discutirla el afectado?
No hemos localizado documentación pública del piloto que permita responder a esas preguntas con suficiente detalle. Tampoco una evaluación independiente con la que comprobar la promesa.
Conocemos el porcentaje del anuncio. Nos falta el examen que lo justifica.
La presentación de la tecnología tampoco ayuda. Futurism describe el proyecto como inteligencia artificial. La versión actualmente accesible de FOX 2 habla de software. El comunicado oficial localizado no concreta la técnica utilizada.
No podemos asegurar qué modelo hay detrás ni que vaya a sustituir la decisión humana. La falta de información tampoco demuestra que funcione mal. Lo que impide es valorar públicamente si funciona lo bastante bien para el trabajo que le quieren dar.
Es un detalle curioso: para clasificar al preso hace falta conocerlo. Para confiar en su clasificador, aparentemente basta con la presentación.
Mirada HUMANía
Cadena perpetua nos enseñó a desconfiar de una institución capaz de confundir autoridad con razón. El alcaide tenía despacho, discurso moral y una seguridad en sí mismo que no necesitaba demasiadas comprobaciones.
Ahora imaginemos esa seguridad acompañada de un panel de datos.
La pantalla no necesita levantar la voz. Una cifra, una categoría y un informe pueden vestir una decisión de objetividad antes de que nadie pregunte cómo se ha tomado. El riesgo es que la tecnología añada una nueva capa de autoridad precisamente donde más falta hace poder discutirla.
Hay antecedentes que deberían quitarnos las ganas de aceptar una demostración comercial como certificado de justicia.
En Luisiana, un preso casi ciego y en silla de ruedas quedó excluido de libertad condicional por una clasificación de riesgo moderado. Lo documentó ProPublica.
Es otro estado y otro sistema. No demuestra que el piloto de Michigan vaya a cometer el mismo error. Sí ilustra lo que está en juego cuando una clasificación algorítmica adquiere consecuencias sobre una vida.
Además, no hace falta que alguien sea inocente, como Andy Dufresne, para que merezca protección frente a una decisión injusta. Haber cometido un delito no convierte cualquier error posterior de la administración en aceptable. Una condena no debería incluir una suscripción ilimitada a nuevas arbitrariedades.
Quién responde cuando el sistema se equivoca
Mientras discutimos si la IA nos quitará el trabajo, ya estamos normalizando que sistemas informáticos intervengan en decisiones sobre las condiciones de encierro. Y ni siquiera exigimos que su presentación pública incluya un currículum decente.
¿Dónde se han probado? ¿Con quién se equivocan? ¿Quién los ha examinado? ¿Quién firma debajo?
Sin embargo, para contratar a una persona pedimos referencias. Para darle autoridad a una máquina, un porcentaje con buena tipografía empieza a parecer suficiente.
Además, la máquina ofrece una comodidad extraordinaria a quien manda: la posibilidad de presentar una decisión propia como si viniera impuesta por un cálculo. «Lo indica el sistema» puede convertirse en la versión tecnológica de lavarse las manos.
Pero alguien elige ese sistema. Alguien fija sus reglas. Alguien decide cuánto pesa la puntuación. Y alguien debe responder cuando falla.
En Cadena perpetua, el espectador sabía a quién mirar cuando la institución aplastaba a una persona. Sería un progreso bastante miserable que la modernización sirviera para dejar ese despacho vacío de responsabilidades.
Si el algoritmo ayuda a cerrar una puerta, que enseñe su expediente. Y que quien le entrega las llaves dé la cara. Porque una injusticia con interfaz sigue siendo una injusticia. Solo que ahora el alcaide puede decir que él no ha sido.